ENRIQUE PEÑA NIETO. Presidente (2012-2018)

 

ENRIQUE PEÑA NIETO. Presidente (2012-2018) 

Mandato: 1 diciembre 2012 - 1 diciembre 2018

 Nacimiento: Atlacomulco, estado de México, 20 julio 1966

 Partido político: Partido Revolucionario Institucional (PRI)

 Profesión: Abogado

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), antaño todopoderoso pero ahora en la

oposición, se decantó a finales de 2011 por el fotogénico gobernador del Estado de

México para la empresa de traerlo de vuelta al Gobierno Federal en las elecciones de

2012, después del histórico desalojo de 12 años atrás. Enrique Peña Nieto, abogado de

46 años con un ya largo recorrido en las estructuras priístas desde la base, convirtió su

postulación presidencial en una prueba de fe en la pregonada renovación de su

colectividad, que ya no sería la vieja maquinaria con pretensiones hegemónicas

apegada al autoritarismo, los fraudes y la corrupción.

El 1 de julio de 2012, sobreponiéndose a un sinfín de polémicas y cuestionamientos de

su sexenio de gestión en el Edomex, donde el balance de los Derechos Humanos era

ciertamente tenebroso (violencias de Atenco, feminicidio), de su agitada vida

sentimental, blanco de chismorreos, y de su misma aptitud para el cargo al que

aspiraba, a fuerza de lapsus verbales y poses televisivas, EPN consiguió convencer a

una mayoría de electores de que él, y no su adversario del izquierdista PRD, Andrés

Manuel López Obrador (quien impugnó su derrota en las urnas), encarnaba la

alternativa al erosionado Gobierno conservador de Felipe Calderón y la candidata del

PAN, Josefina Vázquez Mota.

En su programa electoral, Peña Nieto, favorito siempre en las encuestas a pesar de

tratarse de un candidato que concitaba fuertes rechazos a derecha e izquierda, así

como entre la juventud universitaria y en Internet, se comprometía a acelerar el

crecimiento económico generador de empleo, a desterrar la pobreza, a acometer una

reforma pragmática de Pemex para ampliar la inversión del sector privado en el

declinante negocio petrolero pero sin renunciar a la propiedad pública; de esta riqueza

natural, y a recuperar el liderazgo internacional de México. En cuanto al mayor desafío

del Estado, la guerra total a los cárteles del narcotráfico, ofrecía una nueva estrategia

para reducir los asfixiantes niveles de violencia en las áreas más castigadas por los

asesinatos y los secuestros de las bandas. No cuestionaba la militarización de la lucha

contra el crimen organizado, aunque confiaba en poder acuartelar al Ejército. También

rechazaba la despenalización del negocio de las drogas.

El 2 de diciembre de 2012, nada más tomar posesión de la Residencia Oficial de los

Pinos, el presidente firmó con los líderes del PRI, el PAN y el PRD el Pacto por México,

un plan de consenso nacional en torno a cinco grandes ejes temáticos en aras del

fortalecimiento democrático del Estado y la sociedad. El Pacto debía asegurar el más

amplio respaldo político a la ambiciosa batería de reformas constitucionales de Peña

Nieto, además del aval a su estrategia integral; y transversal; en materia de seguridad

ciudadana.

Transcurrido un año desde aquella rúbrica, la presidencia de Peña Nieto arrojaba un

recuento de claroscuros. En 2013 el ímpetu modernizador del mandatario se sustanció

con la aprobación parlamentaria de las reformas estructurales de la educación, las

telecomunicaciones y la energía. La primera reforma topó con las resistencias de

sectores reaccionarios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)

y deparó la detención de su poderosa líder, Elba Esther Gordillo, cacique intocable del

viejo priísmo, acusada de graves delitos. La segunda reforma ponía corsés anti

preponderancia a los imperios de Carlos Slim en la telefonía y de Emilio Azcárraga en la

televisión. Y la tercera tocaba de lleno a la electricidad (CFE) y al gigante petrolero

Pemex, que en la práctica perdía el monopolio estatal de la explotación de los

hidrocarburos.

Las estadísticas oficiales, que mostraban un sensible descenso del número de

homicidios (no así de los secuestros y las extorsiones, al alza), animaron a Peña Nieto a

proclamar la validez, con logros tangibles, de sus operativos zonales contra los

cárteles, sucesivamente descabezados, aunque el Estado seguía estando lejos de ganar

esta lucha militarizada. Además, el Gobierno afrontó la nueva amenaza que entrañaban

las autodefensas comunitarias rurales, a las que en parte buscó regularizar como

fuerzas parapoliciales. Menos dudas suscitaba el balance provisional del cuadro

económico, decepcionante, pues en 2013 el PIB mexicano tan solo creció algo más de

un punto, pálido reflejo del 6% prometido por Peña Nieto en la campaña electoral.

A lo largo de 2014, al torrente informativo sobre la debilidad del crecimiento, subrayada

al final del año por la caída de los precios del petróleo, y el curso de la guerra contra el

narco (tomas y dacas en los frentes de Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, capturas del

célebre Chapo Guzmán y de otros grandes capos) se superpuso un goteo de noticias,

muy inquietante, sobre asesinatos de representantes políticos, estudiantes y otros

ciudadanos que ni eran agentes del orden ni malhechores de los cárteles. En

septiembre, México, que creía que ya estaba curado de espantos, se conmocionó hasta

lo más hondo por los sucesos de Iguala, Guerrero, donde una fuerza represiva formada

por policías municipales y siguiendo órdenes del alcalde de la ciudad atacó, mató e hizo

desaparecer a medio centenar de estudiantes normalistas. La suerte corrida por 43

estudiantes, seguramente ejecutados y arrojados a una fosa clandestina, levantó un

clamor de indignación social sin precedentes que puso contra las cuerdas al Gobierno

Federal y dejó en evidencia a Peña Nieto, cuya reacción ante esta crisis fue juzgada

como fría y parsimoniosa.

La terrible violencia de Iguala, considerada la peor violación institucional de Derechos

Humanos desde la matanza de Tlatelolco de 1968, mostró en toda su crudeza el grado

de podredumbre de las estructuras de seguridad en las partes más conflictivas del país,

donde millones de mexicanos se sentían desamparados por el Estado e incluso a

merced de quienes decían ser sus representantes locales, pero que en realidad estaban

conchabados con los narcos o cometían crímenes dignos de ellos. Obligado a recobrar

la iniciativa, también porque en 2015 tocaban elecciones legislativas, el presidente,

acribillado por las críticas, despidió el traumático 2014 con órdenes de investigación a

fondo de la gangrena de la corrupción y de depuración de mandos policiales

contaminados.